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Posibles repartos de la deuda española en la independencia de Catalunya.

8 Oct

Es curioso porque a priori hay tantas posibilidades de porcentaje de deuda como hipótesis.

Según la proporción sobre el PIB español, Catalunya nacería con una deuda del 104,3% sobre su PIB
Si fuera por población: 93,5%
En tanto por ciento de los activos materiales entre el 75,7% y el 49,6% (dependiendo del margen).
Contando los inmuebles estatales en Catalunya sería 39,8%
Asumiendo solo la deuda propia quedaría en 36,1%
Si no se quisiera pagar ni el FLA: 16%

Se me olvidaba poner que el peor de los casos es seguir formando parte de España ya que pagaríamos igualmente la española, el FLA y la propia, que es lo mismo que el 106,4% sobre el PIB.

Ya ven mucha diferencia entre unos supuestos y otros…

Por eso he traducido este artículo publicado en L’Econòmic.

Como cuenta el libro de la historia, una vez las voluntades políticas admiten la independencia de un país, queda un capítulo bastante complejo, la negociación de la deuda, en el que el canje de activos y pasivos debe ser una solución en la que nadie se haga daño, ni el estado predecesor ni el que estrena estatus. En una hipotética negociación, España y Catalunya, bajo la atenta observación, y presión, de los organismos internacionales, deberán esforzarse para que en la nueva realidad de estados separados el lastre de la deuda no sea muy pesado y hacer bueno el viejo proverbio húngaro que dice que es rico aquel que no debe nada.

En esta historieta de política-ficción, la casuística de criterios y escenarios es bastante amplia, y los que se sienten a la mesa para negociar y hacer transacciones tienen bastantes posibilidades de estrategia. Partiendo de la situación actual de la Catalunya autonómica, que soporta una deuda del 106,4% del PIB, hay un variado sinfín de escenarios: si no hay acuerdo, la horquilla va del 16% , en el que Catalunya no asume el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a un 36%, en el que se impone el criterio del peso de la economía catalana en el PIB español. En cambio, con la negociación de activos y pasivos, se puede ir del 49,6 al 75,7% del PIB. Encontraremos bienes de dominio público, como el espacio aéreo, el radioeléctrico, las vías de comunicación, la zona marítimo-terrestre; bienes patrimoniales como las infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, portuarias; bienes inmuebles del Estado concentrados en Madrid y otras comunidades; Patrimonio del Estado y Tesoro Público; Fondo de Reserva de la Seguridad Social; archivos y fondos documentales; bases de datos, etcétera, y sin dejar fuera del ámbito de la negociación, como reclaman los expertos, el déficit fiscal en sí mismo, 230.779 millones de euros según el criterio de flujo monetario en los últimos 25 años.

Albert Pont, presidente del Círculo Catalán de Negocios (CCN), ha hecho una importante investigación en los últimos años sobre cómo debe ser el reparto de la deuda, y ya de entrada avisa de que en la hipotética negociación los representantes del estado naciente “deben defender que Catalunya debe asumir la menor deuda posible, con muy pocas contraprestaciones”: “No se deberían abrir las conversaciones con una actitud buenista”, alerta. Ahora mismo, la Generalitat asume el 19,5% de toda la deuda pública neta del Estado y, además, la mitad de su deuda, que supera los 70.000 millones, está contraída con el Estado. Para Pont, hay interrogarse si hay que pagar esta deuda teniendo presente que “el Estado debe a Catalunya 10.000 millones de euros en concepto de incumplimientos de la disposición adicional III del Estatuto y otros compromisos”. De hecho, el Estado español, aunque negó que se pueda hacer realidad un escenario de reconocimiento de una Catalunya independiente, ya tiene una propuesta de negociación, el llamado Plan Margallo, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, en el que se le pediría al nuevo estado catalán asumir una mochila del 16% de la deuda española, unos 150.000 millones, “una cifra que ya sería menor a la deuda que actualmente asumimos”. En todo caso, como añade, “este 16% sólo es aceptable si se asume su equivalente en activos”. En esta óptica, Catalunya, “para asumir parte de la deuda española, tiene que ver reconocida su independencia, porque, si no es así, no se puede hacer responsable”. Así pues, tendríamos un silogismo en el que “la transmisión de deuda implica necesariamente la independencia”. Pont tiene fe plena que la negociación esté iluminada por el derecho internacional, la Convención de Viena de 1983 sobre sucesión de estados, que prescribe que todos los activos del Estado deben quedarse en Catalunya.


En la partida en la que se conjugarán complejas estrategias de ajedrecistas, miradas impenetrables de tahúres del póker y oportunas guiños del mus, habrá que marcar bien el terreno, como dice Pont: “Mientras España no transfiera activos, Catalunya no debe asumir la deuda, y será importante poner a la misma altura la posición deudora de España que su posición acreedora que Catalunya asuma la proporción acreedora que le corresponde frente a terceros. “Por poner sólo unos ejemplos, a España el Reino Unido le debe 243.000 millones de euros; Estados Unidos, 108.000 millones; Portugal, 48.000 millones, y Alemania, 88.000 millones.

Hablar de mesa de negociación es ahora mismo un relato de política-ficción, pero lo cierto es que si el Plan Margallo pone un porcentaje, la otra, la Generalitat, también tiene su propuesta para poner en marcha la partida de la deuda. Teniendo el cuenta los acuerdos de Dayton, que definieron el marco de las repúblicas que sucedieron Yugoslavia, “Catalunya trabajaría con la perspectiva de asumir una deuda proporcional al gasto efectiva del Estado en el territorio, la inversión real liquidada, que sería de un 10,6% más una corrección por la vía de las balanzas fiscales, con lo que podríamos llegar a un 13-14% “, reconocen fuentes de la Generalitat. Estaríamos hablando de una deuda de 183.000 millones, casi un 90% sobre el PIB.


En todo caso, como remarcan los economistas David Rubio y Pedro Miret en el estudio “Endeudamiento e independencia”, recientemente publicado en Revista de Catalunya, es una carga más llevadera que la deuda actual que soporta Catalunya, del 106,4%, si sumamos la deuda propio más el 19,5% de la deuda neta del Estado, que corresponde al esfuerzo fiscal de Catalunya. En sintonía con Albert Pont, Ros y Miret nos invitan a poner el foco en los invitados a la mesa negociadora, que pueden arbitrar porque en esta separación de estados, en el reparto de activos y pasivos, acreedores privados y públicos de todo queden más o menos satisfechos. Explica Ros que “la UE, el BCE, el FMI, el Club de París, los acreedores públicos, y el Club de Londres, acreedores privados, los gendarmes internacionales, nos obligarán a negociar para evitar la inestabilidad económica”. Miret añade: “La preocupación de estos acreedores viene más para garantizar como pagaría el Estado español lo que debe una vez Catalunya no forme parte, no por la capacidad que el nuevo estado pueda asumir su parte. Y quizás resulta más fácil cobrar con una Catalunya independiente. “

En su estudio, en el cierre del 2015 la Generalitat tendría una deuda de 72.274 millones, mientras que la deuda del Estado sería de 790.307 millones, una vez se han segregado los activos por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de un valor de 150.208 millones. Como explican, “si bien en el ámbito internacional, a la hora de contar el riesgo de la deuda soberana, se calcula la deuda bruta del que debe responder el Estado, considerado globalmente, en el caso de una separación de estados, cada región autónoma debe responder de su propio débito “. En su exploración académica, Ros y Miret sostienen que, terminada la negociación de activos y pasivos, el nuevo estado contraería una deuda sobre el PIB de entre el 50 y el 75%, claramente por debajo de la media europea, que es del 87,2%, y perfectamente soportable en los próximos años, con el supuesto perfectamente verosímil que el PIB catalán crecería a buen ritmo, liberado del déficit fiscal con el Estado español. Con la condición, claro está, que hay el escenario en que nada se negocia, que colocaría el débito de Catalunya en el 36% del PIB, porcentaje que podría descender hasta el 16%, en tanto no se asume la devolución del FLA en España. 

Sin embargo, lo más probable sería la negociación, dado que en la nueva España “necesitaría un período de adaptación, dado que los ingresos se le rebajarían considerablemente”, observa Ros, para quien está claro que habrá que “pagar un precio por la libertad, que se podría concretar en un plan desconexión en cuatro años, en que se mantuviera el primer año con un déficit fiscal de 16.000 millones, para pasar al siguiente a 8.000 millones, el tercero a 4.000 millones y el cuarto a 0. “
Ros y Miret hacen bien evidente en su estudio que, en la repartición de activos y pasivos, el balance del Estado español parte de un gran handicap de entrada: un agujero de 300.000 millones de euros que le sitúan al borde de la quiebra técnica. Una constatación que recogen del estudio de Jordi Angusto, Marcel Coderch y Gemma Pons Reparto de activos y pasivos entre Catalunya y el Estado español. El balance patrimonial del estado como herramienta de cálculo. En este trabajo, se calcula que cada euro de activos carga una mochila de deuda del 46%, un sobrecoste. En su búsqueda, estos expertos hacen una estimación previa de los activos materiales del Estado que podemos localizar en Catalunya, y que estarían por debajo del 15%, constatación bien verosímil, ya que en Catalunya se registran sólo el 2,66% de los edificios del Estado en toda su geografía. 

En este estudio de imputación de la deuda, Angusto, Coderch y Pons establecen una horquilla en la que en el margen inferior Catalunya debería asumir una deuda de 29.000 millones, que dejaría el porcentaje sobre el PIB en un 49,6%, mientras que en el margen superior, con la obligación de hacerse cargo de 85.000 millones, subiría hasta el 77,7%. El estudio da pie a interpretar que, en el momento del tira y afloja sobre activos y pasivos, “si te tienes que quedar con Adif, porque no hay más remedio, quizás deberás renunciar a Renfe”, como dice Jordi Angusto. Como “cada activo lleva añadida una mochila de deuda, los negociadores del nuevo estado deberían pedir sólo lo que es imprescindible”. Considera que en este reparto de los activos, que significa hacerse cargo del agujero patrimonial que los acompaña, “lo máximo que podría aceptar la parte catalana es repartir el agujero por población”. En su razonamiento, “si Catalunya ha de afrontar de inicio un déficit fiscal de 100.000 millones, debemos tener en cuenta que el actual déficit fiscal de 16.000 millones anuales ya no se generaría, con lo que Catalunya estaría en condiciones de enjugar la deuda y de ir a buscar financiación en los mercados sin obstáculos “. 

Defensor del 10/10, es decir, “si los activos del Estado español en el Principado son el 10% del total, como es el caso, el nuevo estado catalán deberá asumir un porcentaje similar de pasivos como contrapartida” , responde a los que puedan considerarse que es poco porque el porcentaje es lejos del peso de Catalunya en el PIB español, que “no ha sido ningún capricho catalán, sino decisión española, y una justificación no menor de la independencia; el segundo, reiteró que una deuda soportada por activos equivalentes no es muy problemática y, como en España permanecerá el 90% de los activos, podrá asumir un porcentaje de deuda igual, independientemente de la ratio deuda / PIB de las partes “. Angusto también advierte a los jugadores de esta partida sobre la deuda: “En la medida que una parte del déficit fiscal« no ha sido pagada »sino incorporada a la deuda pública española, según qué volumen de deuda asumimos al acordar la independencia acabaremos aumentando o disminuyendo , retroactivamente, el déficit fiscal soportado. “


Haciendo un giro de 180 grados en el punto de observación, Ángel de la Fuente, director de Fedea y experto en balanzas fiscales, interpreta: “Dado que se trata de un divorcio, y hay una deuda común, la lógica es que, una vez se haya disuelto la unidad familiar, se reparta en función de la capacidad de pago “, es decir según la contribución catalana al PIB español. Así pues, “si Catalunya se hiciera responsable de la parte alícuota de la deuda española, su techo de deuda debería despegar hasta el 120%. Si el Estado común está considerablemente endeudado, difícilmente una Catalunya independiente lo estaría menos “. Con todo, De la Fuente considera que, en la eventual negociación de la deuda, “es hasta cierto punto raro establecer qué parte de la deuda es tuya y cuál es compartida”.

En el análisis que ha realizado Javier J. Navarro, editor de la publicación digital El Blog Salmón, se vaticina, en caso de que las partes llegaran a un acuerdo, en aplicación del criterio por PIB, que “Catalunya tendría entre el 92 y el 100%, y eso no es un punto de partida favorable para una nación que acaba de independizarse “. Navarro, además, a una deuda que se acerca a los 200.000 millones de euros, añade un 2,7% adicional de la deuda de las entidades locales, que calibra en 5.288 millones. En cuanto a los acreedores, los tenedores de la deuda, expone dos soluciones posibles: por un lado, los acreedores podrían tener deuda de ambos estados resultantes de la secesión, o bien que el gobierno de España permaneciera como acreedor del catalán, que se mantendría en una situación de apalancamiento. A su juicio, para los acreedores internacionales ninguna de estas soluciones despejar las dudas de quien quiere cobrar: “La primera solución no convence porque pasarían a tener deuda de un estado que se acaba de crear y, además, el nuevo estado de España sin Catalunya podría tener problemas para financiarse, por el riesgo que se optara por una solución similar si otras regiones decidieran independizarse. El segundo supuesto tampoco convence para que el deudor dependería de otro para cubrir sus pagos. “

La coyuntura actual, de elevadísimo endeudamiento, “condiciona cualquier solución del contencioso catalán” cuando hablamos de reparto de la deuda, en opinión de Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB. Por sus cálculos, “Catalunya debería absorber 240.000 millones de euros de la deuda pública de España, un 24%, según los cálculos del consejero de Economía, Oriol Junqueras, a los que hay que añadir 60.000 millones de deuda estricto de la Generalidad . Así que una Catalunya independiente comenzaría el camino con un endeudamiento público de cerca del 140% del PIB catalán. Y de este volumen, unos 80.000 millones, un 40%, estarían en manos extranjeras “. Para remachar el clavo, dice: “Esta deuda se debe refinanciar, y la refinanciación depende de la confianza que se nos otorgue. Ya tuvimos una buena muestra de lo que sucede cuando esta se socava: entre junio de 2011 y diciembre de 2012 abandonaron España unos 400.000 millones de euros y, en lugar de refinanciación y entrada de recursos, tuvimos estampida de capitales. “

Con esta perspectiva de un estado que empieza a caminar hiperendeudado, Roger Fatjó, jefe del servicio de estudios del CCN, no se cansa de repetir que hay que segregar de la deuda española a repartir el de la Catalunya autónoma, que es incluido. Interrogado sobre qué criterio puede prevalecer finalmente a la hora de negociar la deuda, observa: “Quizás se acaba imponiendo el poblacional, el que mejor entiende internacionalmente, aunque en algunas partidas convendría añadir un criterio homogeneizador de reequilibrio. El 16% de deuda sobre el PIB debería ser el listón, para negociar hacia abajo, utilizando criterios de racionalidad. “En este sentido, considera que jugar la carta del déficit fiscal histórico de 200.000 millones,” contra los 148.000 millones que adjudica en Catalunya el Plan Margallo “, es la gran jugada estratégica en una partida en la que, se huele, la gran discusión será negociar los bienes no territorializables:” ¿Qué le corresponde a Catalunya del Museo del Prado o de Paradores, por ejemplo. ” Fatjó dice que hay estudios que calculan que se necesitarían 4.000 millones para cubrir los gastos que ahora genera el gobierno estatal, y los que creen que asumir esto haría aumentar la deuda de la Generalitat, responde que “por el hecho de pertenecer a España ya pagamos mucho más “. En una Catalunya independiente, esta suma “sería un gasto hecho en el país con un efecto multiplicador en la economía”. Fatjó prevé que en un hipotético acuerdo final “los acreedores, aunque concedan la razón en Catalunya, la obligarán a cargar una mochila de deuda para evitar dejar España con una deuda espectacular.


Y para terminar, si les queda ganas, lean este artículo de Xavier Sala-i-Martin:
http://salaimartin.com/randomthoughts/item/424-la-falacia-de-la-deuda-heredada.html

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