Eso es lo que dice un estudio riguroso de Josep Pedrol.
Personalmente creo que serán más, habrá mucho renegado e inmigrante español que querrá o deberá irse, por ejemplo, registradores de la propiedad y funcionarios que buscarán recolocarse en España.
Es evidente que, de la hacienda española, deberán irse todos, la nueva hacienda catalana no podrá permitirse el lujo de tener presuntos y posibles espías…
Luego, ya se verá, con el servicio de correos, si Catalunya creará uno propio o si correos permanecerá como empresa extranjera dentro del territorio catalán, lo mismo ocurrirá con los servicios de ferrocarriles…
Las telecomunicaciones también crearán nuevos puestos de trabajo, TV3 y Catalunya Radio no se verán perjudicadas por la competencia desleal de las cadenas españolas…
En todo caso ello supondrá tener un 18% de paro en unos meses. El dinero del expolio también creará muchos puestos de trabajo. Ya lo dijo Felip Puig que la Catalunya independiente se situaría rápidamente en niveles de paro relativamente bajos, entre el 12y el 15%.
El gobierno de un Catalunya independiente necesitaría entre 51.043 y 71.596 nuevos funcionarios para hacer frente a las estructuras de estado necesarias para ser autosuficiente en el contexto europeo, teniendo en cuenta que la separación de España supondría asumir competencias como las fuerzas armadas, la tesorería de la Seguridad Social, la gestión de algunos tributos y las agencias estatales, entre otros. De la plantilla actual de trabajadores públicos, 160.925 sin contar los trabajadores temporales, debería pasar a una horquilla de entre 211.968 y 232.521 funcionarios, es decir, un incremento de entre el 32% y el 44%.
Son los cálculos que presenta el economista José Pedrol en el libro Economía de Catalunya. Preguntas y respuestas sobre el impacto económico de la independencia ( Profit , 2014), en un ensayo en el que analiza el impacto en el empleo de un nuevo Estado catalán. Si en enero de 2014 Catalunya registró 633.871 personas desocupadas ( 23%), al día siguiente de la independencia este porcentaje podría reducirse en aproximadamente un 10%. Ahora bien, el personal de la administración pública española en Catalunya no sería absorbido por el nuevo estado, de manera que su puesto de trabajo simplemente desaparecería…
José Pedrol ha estimado el número de nuevos funcionarios para cubrir las nuevas funciones del Estado catalán comparando las administraciones públicas de doce países europeos de dimensión similar y con diferentes grados de desarrollo del Estado del bienestar. El punto de partida, señala el estudio, está muy por debajo de la media española de asalariados públicos (19,2% de la población activa) y se sitúa en el 14,3 %. El primer territorio en número de funcionarios es Extremadura, con un brutal 31,9%.
Para llegar a la horquilla de entre 51.000 y 71.000 nuevos asalariados públicos, el economista ha establecido dos supuestos. Uno, en el que la dimensión del nuevo estado tendría una plantilla proporcional al 16 % del total de 570.691 funcionarios que tiene el Estado español -por población de Cataluña- y dos, proporcional al 18% del PIB que representa Catalunya en el total estatal.
Las fuerzas armadas, ya sea en formato ejército, guardia nacional o policía militarizada necesaria para garantizar la seguridad del territorio, serían el sector que más empleo generaría. Según los cálculos de Pedrol, se necesitarían entre 18.296 y 29.274 efectivos, datos que están en la parte baja de la proporción de España y proporcionales al tamaño de las fuerzas armadas europeas. Esta horquilla equivale a entre 2,5 y 4 efectivos por cada 1.000 habitantes. El sector público estatal de entes públicos y organismos (Banco Central , telecomunicaciones , etc) necesitaría entre 7.473 y 8.874 trabajadores, y la estructura de ministerios, que absorbería el personal actual de consejerías (actualmente 16.021 empleados) demandaría entre 3.286 y 6.906 nuevos funcionarios para desarrollar nuevas tareas como la diplomacia y las direcciones estatales, de regulación y supervisión, etc.
En cuanto a la administración de Justicia , el estudio estima un incremento de plantilla de entre 5.611 y 6.344 personas , para modernizar y adaptar el sistema judicial catalán al nivel de una democracia moderna . En el capítulo de las fuerzas de seguridad , la policía catalana debería asumir las funciones de control de fronteras de personas y mercancías , actualmente en manos de la Policía Española y la Guardia Civil . También habría que asumir tareas de inteligencia policial , terrorismo y relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad . Todo ello , entre 4.000 y 5.500 nuevas contrataciones .
La Agencia Tributaria sumaría entre 4.316 y 5.125 trabajadores a los 1.000 que actualmente tiene, porque asumiría la gestión de impuestos que ahora están en manos de la Agencia Tributaria española. Un caso similar es el de la Seguridad Social , que sería de nueva creación. Tendría una dimensión de entre 4.107 y 4.877 trabajadores, que se encargarían de la gestión ordinaria y del Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería.
En cuanto a las agencias estatales (investigación , seguridad aérea , etc ), el estudio calcula una demanda de entre 2.144 y 2.546 empleados nuevos . Para el personal docente no universitario, se necesitarían entre 1.104 y 1.310 funcionarios que se dedicarían a la supervisión de centros escolares de nivel nacional, como por ejemplo, escuelas de diplomáticos. La gestión central y supervisión de la sanidad, requeriría la contratación de entre 486 y 577 trabajadores, mientras que para el patrimonio nacional, bastaría con 262 nuevos empleados .
Las cifras de nueva contratación son bastante bajas, una circunstancia que a juicio de José Pedrol se debe a que el 70 % de los funcionarios son de sanidad y enseñanza, y es muy posible que con la independencia , la Generalitat no incremente, de momento, de manera relevante el número de escuelas y de maestros, ni el número de hospitales y de médicos.
EN FIN, UN FUTURO QUE ILUSIONA.